La ONU estableció que el Estado Peruano violó los derechos a la salud y a la vida de una niña que fue víctima de violación, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
La menor quien fue violada por su padre desde los nueve años hasta que quedó embarazada a los trece. Solicitó ayuda en un hospital de Abancay y repitió en diversas ocasiones su deseo de no tener un hijo de su padre, manifestando su intención de interrumpir el embarazo.
No obstante, no se le informó sobre su derecho a solicitar el aborto terapéutico, el cual está permitido en el país en casos de riesgo para la vida o grave y permanente para la salud de la madre.
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Después de conocer sobre esta posibilidad, presentó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo ante las autoridades judiciales, pero no recibió ninguna respuesta del establecimiento de salud ni de las autoridades correspondientes.
Coacción
Cuando la joven no asistía a las citas prenatales, el personal médico se presentaba en su casa, en ocasiones acompañado de agentes de policía, presionándola para que continuara con el embarazo.
Asimismo, manifiestan que Camila fue acusada y condenada por autoaborto, tras sufrir un aborto espontáneo, utilizando como pruebas sus propias declaraciones de que no deseaba continuar con el embarazo.
Conclusiones
Por estos motivos, el Comité de los Derechos del Niño consideró que la falta de información y acceso efectivo a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo puso en riesgo la vida y la salud de la menor.
