La situación financiera de Petroperú ha llegado a un punto crítico, puesto que su actual presidente, Róger Arévalo, admitió que la empresa está a un paso de paralizar sus actividades. Según el directivo, la estatal requiere urgentemente un financiamiento de 2,000 millones de dólares para mantener operativas las refinerías de Talara y Conchán. En consecuencia, este nuevo requerimiento se suma a los aproximadamente S/ 18,400 millones que el Tesoro Público ha transferido a la entidad en los últimos cuatro años sin obtener resultados positivos.
Arévalo precisó que el Ejecutivo ya evalúa medidas de emergencia para salvar a la compañía. Sin embargo, aclaró que su pedido no consiste en un aporte directo del Estado, sino en un financiamiento proveniente del capital privado. Por otro lado, el directivo aseveró que el Gobierno actuará con responsabilidad y aceptará la demanda, ya que es fundamental garantizar el capital de trabajo para la producción de combustible.
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Ante este escenario, diversos especialistas han expresado su rechazo. El exviceministro de Energía, Arturo Vásquez, señaló que solicitar préstamos a la banca privada con el aval del Tesoro Público es, en realidad, un «rescate financiero encubierto». Además, calificó la medida como una inmoralidad, argumentando que el dinero solicitado se consumirá en apenas seis meses. De igual forma, advirtió que la crisis de la petrolera estatal parece ser irreversible debido a la falta de una reestructuración eficiente.
Finalmente, cabe destacar que el proceso de reforma de la empresa quedó suspendido tras los recientes cambios en la alta gerencia y el directorio. Aunque a finales de 2025 se emitió un decreto de urgencia para reorganizar la institución, la nueva administración ha priorizado la búsqueda de liquidez inmediata. Esta incertidumbre financiera genera dudas sobre el futuro de las operaciones y el impacto económico que tendrá sobre todos los contribuyentes del país.
