La Comisión de Transportes del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley 9490 que permite a conductores con licencia cancelada o inhabilitada volver a tramitar su brevete. Esta medida excepcional beneficia incluso a quienes recibieron sanciones por la infracción M01, que implica manejar bajo efectos del alcohol o drogas y participar en un accidente. La propuesta establece que estos choferes podrán solicitar una nueva licencia de clase A1 tras cumplir dos años de inhabilitación y aprobar cursos de seguridad vial.
La decisión generó una ola de rechazo entre ciudadanos y familiares de víctimas de accidentes de tránsito, quienes consideran la norma un retroceso para la seguridad en las vías. En redes sociales y foros públicos, los usuarios califican a los infractores por alcohol como un peligro permanente y exigen castigos más drásticos en lugar de beneficios. El Legislativo sostiene que no es una restitución automática, pero el malestar crece por la posibilidad de que choferes irresponsables recuperen el derecho al volante.
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El futuro de esta polémica iniciativa ahora depende del debate en el Pleno del Congreso, donde se decidirá si el beneficio se convierte en ley definitiva. Mientras el Parlamento defiende la flexibilización administrativa, diversos sectores sociales reclaman priorizar la protección de la vida y sancionar con severidad a quienes causan tragedias en las carreteras. La indignación ciudadana presiona para que prevalezca el rigor contra los conductores vinculados a accidentes por consumo de sustancias.
