La Contraloría General de la República emitió un contundente informe de orientación de oficio que pone al descubierto una grave falta de compromiso social en la provincia norteña. Mediante el documento de control, el órgano del Estado advirtió que la gestión de alcalde Pedro Cuadros da la espalda a los ciudadanos vulnerables al recortar los fondos obligatorios de inclusión. La comuna de Paita asignó apenas un 0.25 % de sus recursos económicos a la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED), lo cual incumple abiertamente con el mínimo del 0.5 % establecido por la ley peruana.
Al inicio de los reportes, los auditores detallaron que el municipio paiteño cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura que supera los 109 millones de soles para el presente año fiscal. De ese millonario monto, los funcionarios ediles decidieron destinar la ínfima suma de 274 982 soles para el financiamiento de los programas orientados al desarrollo de la población con habilidades diferentes. Asimismo, el ente de control alertó que este drástico tijeretazo financiero amarra de manos a la OMAPED, impidiéndole realizar las labores de empadronamiento, registro y fiscalización que la ley le encomienda de manera obligatoria.
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Contraloría advierte riesgos en el acceso a pensiones y beneficios estatales
Por otra parte, los especialistas del sector explicaron que el desfinanciamiento institucional golpea de forma directa los derechos fundamentales de los usuarios y restringe su calidad de vida. La falta de dinero municipal paraliza los trámites esenciales para que este grupo social acceda a la pensión económica del programa Contigo, a las becas de estudio y al pase libre en el transporte urbano. De entrada, la restricción presupuestaria vulnera los principios de accesibilidad universal e igualdad de oportunidades que promueve la normativa nacional a favor de los sectores tradicionalmente excluidos de la sociedad.
Además, el organismo superior de control notificó formalmente el hallazgo al alcalde Pedro Luis Cuadros Alzamora para que implemente de forma inmediata un plan de mitigación de riesgos en beneficio de la comunidad. Las autoridades otorgaron un plazo de cinco días hábiles a la alcaldía para que rectifique la distribución de los fondos económicos y evite la apertura de un proceso penal por omisión de funciones. Por último, los dirigentes vecinales exigieron transparencia en el manejo del dinero público. Bajo este panorama, el ente fiscalizador mantendrá el monitoreo sobre los funcionarios paiteños para determinar posibles sanciones administrativas.
