Un informe periodístico del programa Punto Final reveló graves abusos cometidos dentro de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú, en la base Las Palmas de Surco. Varios instructores sometieron a un grupo de cadetes recién ingresados a crueles tratos físicos y psicológicos durante sus primeras semanas de formación. Por esta razón, la Fiscalía de Derechos Humanos inició una investigación formal por el delito de tortura.
Los familiares de las víctimas denunciaron que los jóvenes ingresaron a la institución militar en febrero de 2026 y recibieron agresiones extremas de inmediato. Las denuncias señalan que los atacantes aplicaron cremas de forma forzada en zonas sensibles, lo cual provocó intensas quemaduras corporales. Los agresores también obligaron a los estudiantes a realizar ejercicios extenuantes bajo presión, propinaron insultos, golpes y vertieron agua en la nariz y boca para simular asfixia.
VER MÁS: Habilitan desvío temporal para reducir el tráfico por obras en el centro
Bajas masivas e investigación fiscal por abusos en la base militar
Las denuncias fiscales describen que, en casos específicos, los implicados ataron a un estudiante con cinta adhesiva y colocaron telas en su rostro para impedirle la visibilidad. Asimismo, los parientes denunciaron que los agresores grabaron a ciertos afectados sin su consentimiento en situaciones totalmente degradantes. Los peritos de la Fiscalía confirmaron que algunos jóvenes presentaron sangrados, inflamaciones físicas severas y secuelas emocionales graves que motivaron su retiro definitivo de la escuela de aviación.
Los maltratos provocaron que al menos 32 cadetes solicitaran su baja anticipada de la institución militar durante el primer mes de instrucción. Las pesquisas fiscales detectaron serias fallas en la cadena de supervisión de los oficiales superiores. Los cadetes de segundo año asumieron el rol de monitores ante la ausencia de los alumnos de cuarto año, por lo que la FAP ya separó a dos presuntos responsables.
Los altos mandos de la aviación militar afirmaron que colaboran con todas las diligencias que solicita el Ministerio Público para esclarecer el caso. El fiscal a cargo ordenó la entrega inmediata de los videos de seguridad de la base, los registros médicos completos y las listas de las guardias programadas. Con estos elementos, las autoridades judiciales determinarán si la institución mantenía un patrón sistemático de abuso físico.




































