El Congreso aprobó la Ley de Amnistía N.° 32419, impulsada por el Ejecutivo, que concede amnistía a militares, policías y comités de autodefensa procesados por hechos ocurridos durante la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000. La norma busca cerrar procesos judiciales abiertos desde hace décadas y, según el Gobierno, representa un acto de “restitución de dignidad” para quienes defendieron al Estado.
La presidenta Dina Boluarte, durante la promulgación, afirmó que con esta medida el país “honra a sus defensores” y subrayó que muchos de los beneficiados son adultos mayores que llevan más de 20 años enfrentando procesos sin sentencia firme. Agregó que la amnistía rechaza cualquier intromisión en asuntos internos, mientras el Ejecutivo la presenta como una salida humanitaria y política a procesos judiciales prolongados.
Durante el conflicto armado interno, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) registró cerca de 70 mil muertos y más de 20 mil desaparecidos. Si bien atribuyó la mayor responsabilidad de las muertes a Sendero Luminoso, también señaló violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales. Los defensores de la ley sostienen que esta no borra esos hechos, sino que reconoce a quienes combatieron el terrorismo y quedaron atrapados en procesos judiciales interminables.
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Los críticos, en cambio, alertan que la medida debilita la lucha contra la impunidad. Para la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, se trata de “una traición a las víctimas” y un retroceso que socava los esfuerzos por garantizar justicia y rendición de cuentas frente a crímenes cometidos en el conflicto.
Cabe señalar que la norma establece excepciones en casos de violaciones graves de derechos humanos, con el objetivo de que los responsables de abusos no queden sin sanción. Aun así, especialistas advierten que la aplicación de la ley debe ser rigurosa para evitar que crímenes atroces sean cubiertos bajo el manto de la amnistía.
El reto ahora es doble: por un lado, garantizar que la reconciliación no se convierta en impunidad; y por otro, fortalecer las políticas de reparación a las víctimas. La justicia, coinciden los analistas, no puede ser infinita, pero tampoco puede olvidar. La Ley de Amnistía, en ese sentido, busca dar un cierre a un capítulo de la historia, aunque su impacto real dependerá de cómo se aplique en los próximos años.
