En Lima, el Congreso aprobó por amplia mayoría un dictamen que modifica el Código Penal, el Código de Ejecución Penal y el Decreto Legislativo 1688 para combatir la criminalidad organizada dentro de las prisiones y centros juveniles. Por lo tanto, la representación nacional respaldó la propuesta legislativa del Poder Ejecutivo con 100 votos a favor durante la primera sesión de votación de la jornada.
Por esta razón, los parlamentarios exoneraron el proyecto de la segunda votación obligatoria mediante un consenso unánime de 92 votos a favor. En consecuencia, la nueva normativa legal establece sanciones drásticas de hasta 15 años de prisión para las personas que ingresen, intenten introducir o faciliten el acceso de teléfonos celulares a los recintos carcelarios.
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Sin embargo, los jueces aplicarán los castigos máximos de forma estricta cuando los responsables directos del delito posean la condición de autoridades, abogados, funcionarios o servidores públicos del Estado. Por consiguiente, el texto legal penaliza severamente la posesión indebida de equipos de comunicación, armas de fuego, municiones, explosivos y otros objetos de alta peligrosidad.
Además, los legisladores incluyeron agravantes específicas para los internos que utilicen estos dispositivos tecnológicos con el objetivo de coordinar extorsiones, sicariato o amenazas delictivas desde el encierro. De este modo, la reforma busca fortalecer el control estatal sobre los sistemas de telecomunicaciones e interferencia en los establecimientos penitenciarios del país.
Por último, el personal del Instituto Nacional Penitenciario coordinará acciones técnicas con la Policía Nacional para neutralizar de forma inmediata las señales telefónicas ilegales. Por lo tanto, las fuerzas del orden ejecutarán operativos especiales de revisión técnica en las celdas, previa autorización del Ministerio Público, para erradicar las mafias internas.
