La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana intervino la sede de la Gerencia Sub Regional «Luciano Castillo Colonna». Las autoridades actuaron de inmediato tras recibir graves denuncias por presuntas irregularidades en obra. De esta manera, el Ministerio Público busca esclarecer las deficiencias técnicas reportadas en los proyectos viales ejecutados en el asentamiento Villa Primavera. Por este motivo, un equipo de fiscales se desplazó hasta las oficinas administrativas para incautar documentación clave.
Al inicio de la diligencia, el operativo estuvo liderado por el primer despacho fiscal a cargo del magistrado Luis Ramos Rioja. Los representantes de la ley contaron con el resguardo de los efectivos de la Policía Nacional del Perú. Asimismo, el personal fiscal realizó la constatación física y el recojo de información digital de los servidores estatales. De acuerdo con la hipótesis, el objetivo principal es verificar si los funcionarios subsanaron las observaciones planteadas por los órganos reguladores.
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Contraloría advierte deficiencias y riesgos en infraestructura
Por otra parte, los cuestionamientos al proyecto de transitabilidad vehicular y peatonal nacen de un informe de hito de control. De entrada, la Contraloría General de la República detectó que los trabajos valorizados en más de 37 millones de soles presentaban fallas estructurales. Acto seguido, los auditores advirtieron que los ejecutores no respetaron las especificaciones del expediente técnico original. Sobre este punto, las observaciones tampoco fueron notificadas a tiempo por la empresa encargada de la supervisión del proyecto.
Además, la Fiscalía remitió de inmediato la carpeta fiscal al Departamento Desconcentrado Contra la Corrupción de Piura para continuar las pesquisas. Por último, las diligencias preliminares se formalizaron mediante la Disposición Fiscal número 01-2026. Bajo este panorama, la situación legal de los ingenieros involucrados es delicada debido al riesgo en la vida útil de las pistas. Al cierre, el caso ya fue comunicado a la Procuraduría Anticorrupción para que defienda los intereses económicos del Estado.
