En Piura, la operatividad del Lote Z-69 enfrenta una suspensión crítica debido al vencimiento de su contrato el próximo 15 de mayo. A pesar de la cercanía de la fecha, el Gobierno central todavía no define la continuidad de las operaciones ni establece una nueva licitación para este activo estratégico ubicado frente a las costas piuranas. En consecuencia, la inacción administrativa pone en riesgo la producción de 3,500 barriles diarios de petróleo crudo y 8 millones de pies cúbicos de gas natural.
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Por añadidura, la paralización del campo petrolero golpeará directamente la estabilidad laboral y social de la región. De acuerdo con los gremios del sector, el cese de actividades provocará la pérdida de 195 puestos directos y más de 1,200 empleos indirectos. Por otro lado, la falta de un operador tras la caducidad del contrato reducirá drásticamente los ingresos por regalías. Este escenario afectará las transferencias de canon petrolero destinadas a los municipios de Piura y Tumbes, limitando el presupuesto para inversión pública.
Por su parte, especialistas en energía señalan que detener la extracción obligará al país a incrementar la importación de combustibles. No obstante, las autoridades del Ministerio de Energía y Minas y Petroperú todavía evalúan una ampliación temporal sin concretar acuerdos finales. En última instancia, la interrupción de las labores en el Lote Z-69 compromete el suministro de insumos para la Refinería de Talara, afectando la rentabilidad del Estado en un contexto de precios internacionales al alza.
