Mediante un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA (Organización de los Estados Americanos), programó una serie de visitas técnicas a nuestro país, tras los incidentes violentos que desencadenaron la toma y quema de locales, y enfrentamientos con las fuerzas del orden que han dado como resultado unos 22 muertos y 216 heridos.
«La CIDH condena enérgicamente todo acto de violencia e insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para que los hechos de violencia que han resultado en graves afectaciones a la vida e integridad de las personas sean investigados de manera pronta, exhaustiva y diligente, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a las personas responsables», menciona la nota de prensa.
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La Comisión de Derechos Humanos añade: «A su vez, recuerda que cualquiera sea la modalidad de la protesta, los instrumentos interamericanos establecen que el derecho de reunión debe ejercerse de manera pacífica y sin armas. Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas y de individualizar a los manifestantes que recurren a la violencia, siempre con base en los principios de legalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad. Principios que orientan el uso de la fuerza por parte de los agentes estatales, de acuerdo a las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado peruano».
«En esta oportunidad, la CIDH anuncia que el Estado peruano le extendió una invitación formal para realizar una visita al Perú con el fin de ‘tomar conocimiento de los hechos suscitados a raíz de la vacancia constitucional del expresidente Pedro Castillo Terrones, al intentar éste producir un golpe de estado el día 7 diciembre en curso’. La Comisión aceptó de la invitación, extendiendo su disponibilidad para realizar de manera inmediata una visita técnica, preparatoria de una visita de trabajo por parte de integrantes de la Comisión en enero de 2023.
Finalmente, La Comisión de Derechos Humanos insta a todas las partes involucradas al diálogo, «e insta a todos los sectores sociales, en particular a las personas que participan en las manifestaciones, a que de forma complementaria a su derecho a la protesta consideren las demás vías democráticas que el Estado disponga para ese fin».
Como se sabe, las protestas, enfrentamientos y actos vandálicos se iniciaron tras la vacancia y detención del ex presidente Pedro Castillo, y la asunción al mando de la vicepresidenta Dina Boluarte, quien fue juramentada por el Congreso, poder del estado que también es objeto de las protestas por la baja desaprobación que ostenta actualmente.
