El país necesita de la voluntad de la clase política para consolidar cambios positivos y administrar mejor los recursos económicos necesarios para remontar situaciones de crisis, consideró el contralor general de la República, Nelson Shack.
Un elemento importante para ello es el de mejorar la capacidad técnica e institucional de la administración pública, consideró.
En tal sentido, Shack estimó que la solución a las demandas ciudadanas involucran la dación de medidas tendientes a mejorar la gestión pública a corto y mediano plazo.
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Sin embargo, reparó también en que varios de los puntos que son materia de los actuales reclamos “nada tienen que ver con la mejora en la cobertura y calidad en la provisión de bienes y servicios públicos que la población requiere”.
“Las demandas formalmente que se plantean son la negación de la sucesión presidencial ante el golpe de Estado perpetrado por el gobierno anterior, la renuncia de la presidenta, una asamblea constituyente, el cierre del congreso o el adelanto de elecciones”, indicó.
Dichos reclamos, finalmente, “atentan contra el Estado constitucional democrático de derecho”, consideró.
El caso de Puno
El contralor puso como ejemplo el caso de Puno, región en la que la pobreza es alta y donde la deficiente gestión de los recursos públicos por parte de las autoridades evita que buena parte de su población tenga acceso a bienes y servicios básicos. Ello ocurre pese a que en esa región se cuenta con un presupuesto alto, considerado el séptimo más alto del país, indicó.
“En los últimos cinco años, en Puno se ha dejado de ejecutar 2659 millones en infraestructura pública y otras inversiones, por la ineficiencia y corrupción en el gobierno regional y municipalidades”, dijo Shack. Debido a ello se ha convertido en la tercera región más perjudicada económicamente por los actos de corrupción e inconducta funcional registrados en 2021, detalló.
En esta región son 286 las obras públicas paralizadas, situación que representa un costo de 1226 millones de soles. Estas corresponden a los ámbitos de salud, vivienda y saneamiento, indicó Shack.
“Las entidades del gobierno regional de Puno tienen, en promedio, el peor nivel de implementación del control interno en todo el país y las entidades del gobierno local, el tercer peor nivel”, manifestó. “El hecho no es solo que no gasten, sino que incluso lo que se gastan, no es eficiente”, expresó.
