La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República, órgano máximo de deliberación del Poder Judicial, en sesión extraordinaria y por unanimidad, acordó emitir el siguiente pronunciamiento.
1. El Perú vive momentos dramáticos, de extrema violencia y polarización social y política. El consenso democrático se ha quebrado y las vías del diálogo parecen no contar con mecanismos idóneos y viables de concretarse. En este escenario trágico, como siempre, los que sufren y resultan especialmente perjudicados son las inmensas mayorías nacionales. La colectividad padece los efectos de la intemperancia, en especial en los departamentos del sur y en Madre de Dios, sin que hasta el momento pueda verse una salida viable que garantice los derechos a la vida y a la salud, al libre tránsito, a la tranquilidad y al acceso a los servicios básicos y alimentos. El desabastecimiento, la ruptura de la cadena productiva y los ataques a la propiedad pública y privada, entre ellos de catorce locales judiciales y la destrucción de miles de expedientes, son una consecuencia de esta carencia de valores democráticos y republicanos. Las pérdidas humanas, de ciudadanos y policías, en una cantidad nunca antes vista en tan poco tiempo y que todos lamentamos profundamente, son una consecuencia inaceptable y dolorosa de lo que viene ocurriendo.
También puedes leer: La Policía y las Fuerzas Armadas desbloquearán las carreteras
2. El Poder Judicial no puede ser indiferente a la violencia, siempre injustificable, e invoca a los poderes públicos a afrontar con realismo, creatividad y desprendimiento, siempre dentro del respeto de la Constitución y la ley, las fundamentales tareas de promover el desarrollo equilibrado de la nación y de restaurar el diálogo y el orden interno del país, asegurando los derechos de todas las personas, sin exclusiones.
Nadie, en estas difíciles circunstancias, puede negarse a contribuir a sentar las bases para la reconciliación nacional. Es un deber de todos aportar ideas con absoluta buena fe y ponderación para conseguir esta meta.
3. Los jueces del Perú, desde nuestras atribuciones y competencias, reafirmamos el compromiso constitucional de actuar con independencia y con profundo apego al ordenamiento jurídico. Somos conscientes de la situación adversa que atravesamos y nos sentimos obligados con la patria y sus anhelos de justicia y progreso con equidad.
Los Poderes Ejecutivo y Legislativo deben dar ejemplo de respeto a la Constitución, han de reconocer el peligro en que nos encontramos y deben tener presente la inminente deriva autoritaria que puede acarrear su inacción, la falta de perspectivas y la ausencia de consenso. Las organizaciones sociales, especialmente quienes están en la primera línea de las protestas, tampoco pueden desentenderse y sus líderes deben salir al frente y dar ejemplo de madurez y buenos propósitos.
4. Nuestro país requiere de todos nosotros. Pongamos fin a la violencia, a la falta de diálogo y al desorden. Necesitamos paz, democracia y justicia. Ninguna agenda puede sustentarse en la destrucción, en la negación del otro o en la imposición de proyectos incompatibles con el pluralismo y demás valores democráticos.
