En Lima, el Ejecutivo oficializó la prórroga del Estado de Emergencia en diversas localidades de Ayacucho, Cusco, Junín y Piura por un periodo de sesenta días calendario. La medida, vigente desde el 7 de mayo de 2026, busca combatir delitos como el tráfico ilícito de drogas y la criminalidad organizada en zonas críticas del país. Por este motivo, el Decreto Supremo N° 063-2026-PCM establece la extensión de esta norma en distritos estratégicos de las provincias de La Mar, La Convención y Satipo, pertenecientes al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
En consecuencia, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno en estas jurisdicciones con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, las autoridades basan sus operaciones en inteligencia táctica, mapas del delito e indicadores estadísticos para determinar los puntos exactos de intervención. Debido a la persistencia de situaciones de violencia en el norte del país, el Gobierno también publicó el Decreto Supremo Nº 064-2026-PCM. Esta norma amplía la emergencia en las provincias de Piura, Sullana, Paita y Talara, enfocándose en reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población local.
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Adicionalmente, durante este periodo excepcional, quedan restringidos o suspendidos derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión. Por su parte, las instituciones de justicia y defensa reafirmaron que estas acciones coordinadas garantizan la presencia del Estado en zonas vulnerables al crimen. Por lo tanto, el control policial se intensificará en distritos como Castilla, Catacaos y Bellavista para frenar delitos conexos. Los dispositivos legales cuentan con la ratificación del Gabinete Ministerial para asegurar la continuidad de los operativos contra la delincuencia.
