La Contraloría General identificó un perjuicio económico de S/ 274,590 a la Municipalidad Provincial de Paita, debido a que funcionarios y servidores públicos de esta entidad, presuntamente vendieron terrenos de la comuna de forma directa a menor valor comercial, pese a que no se cumplía con los requisitos exigidos.
De acuerdo al Informe de Control Específico N° 010-2022-2-0453-SCE, el gerente de una empresa solicitó la venta directa por excepción en vías de regularización de los lotes 17 y 18 que suman más de 5,000 metros cuadrados de área de la manzana A de la Zona Industrial II de Paita, en mayo de 2018, con la finalidad de efectuar el tratamiento de efluentes industriales y de limpieza.
Ante dicha solicitud, señala la Contraloría, los funcionarios involucrados señalaron en informes que se cumplía con los requisitos establecidos en el reglamento de venta de inmuebles de propiedad municipal, y tramitaron los servicios de un perito tasador para determinar el valor comercial de los lotes. Posteriormente, se aprobó la adjudicación directa de los terrenos.
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Sin embargo, la comisión del Órgano de Control Institucional (OCI) determinó que el solicitante no presentó dos requisitos: el certificado negativo predial que lo extiende la propia municipalidad, y el certificado negativo de propiedad inmueble en la ciudad de Paita, emitido por Sunarp.
Incluso, se verificó que la empresa es titular de otros lotes en la misma zona. Asimismo, en la tasación realizada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), se determinó que uno de los lotes tiene un valor de S/ 126,052,50, y el otro asciende a S/ 450,586,50, monto superior por el que se adjudicó y generó el perjuicio.
El OCI identificó responsabilidad civil y administrativa en cinco personas, entre funcionarios y servidores de la gestión municipal 2015-2018 en las áreas de Desarrollo Urbano y Rural; Planeamiento Urbano, Catastro y Asentamientos Humanos; y Asesoría Jurídica, además del perito tasador.
El informe fue notificado al alcalde de Paita, a quien se recomienda el inicio de las acciones administrativas correspondientes. También se recomendó que el Procurador Público de la Contraloría inicie las acciones civiles contra las personas involucradas.
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