Mediante un pronunciamiento, la Cámara de Comercio y Producción (Camco) de Piura expresó su rechazo a los proyectos de ley impulsados por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo (P.L. 2682/2021 y P.L. 2736/2022), por considerar que menoscaban la institución del arbitraje.
Como es de conocimiento, el arbitraje es la figura por la cual las partes, de manera voluntaria, recurren a este medio para solucionar sus conflictos, el cual tiene entre sus beneficios: la administración expeditiva, especialidad, imparcialidad e independencia, costos arbitrales preestablecidos, economía y costos accesibles, confidencialidad, eficacia y satisfacción, entre otros.
Señala que «el pretender que, en los arbitrajes institucionales, no sea obligatorio para los presidentes que conformen los tribunales arbitrales encontrarse inscritos en la nómina de árbitros de la institución arbitral, afectará que se realice una correcta evaluación de idoneidad y ética por parte de los consejos o cortes arbitrales».
Califica como «cuestionable que se pretenda que el principio de confidencialidad sea vulnerado por los centros arbitrales, al proponer que se publique en las páginas web, caso por caso, las designaciones residuales que se efectúan».
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Asimismo señala que facultar que los postulantes a la nómina de árbitros de los centros de arbitraje tengan la opción de apelar la negativa a la misma, generaría un conflicto innecesario entre el postulante y las instituciones arbitrales; además, los postulantes ya conocen con anterioridad cuales son los requisitos que deben contar.
«Por su parte, dejar la posibilidad que las entidades públicas decidan solucionar sus controversias en la vía judicial o arbitral, afectará sin lugar a dudas la solución pronta de los conflictos que se generen en contrataciones públicas».
«Debemos recordar que, la sobrecarga procesal, huelgas y demás en la vía judicial, hará que la solución tome años en ver la luz; es por lo que, tratándose de contratos de obras públicas, lo que se busca es una solución pronta y rápida, como lo ofrece el arbitraje en comparación al Poder Judicial, ya que finalmente la más perjudicada con esa demora será la población», prosigue el escrito.
Agrega que los funcionarios públicos preferirán recurrir al Poder Judicial, a fin de demorar una pronta solución, y sobre todo las que le son adversas.
«Recordemos que, en plena pandemia, muchos tribunales arbitrales consultaron a las partes, entre ellas las entidades públicas, la posibilidad de continuar con las actuaciones de los arbitrajes de manera virtual, éstas manifestaron su negativa, entonces nos preguntamos, ¿eso será beneficioso para la población o para la entidad pública? Es por ello que el costo beneficio que ofrece el arbitraje, para una pronta solución, es de por sí la vía más idónea», remarca la Camco.
Considera que «se pretende una vez más mezclar el fuero arbitral con el judicial, con los referidos proyectos de ley, señalándose que la acreditación o no de los centros arbitrales, en donde una de las partes es el Estado, esté en manos del Ministerio de Justicia; por lo que proponemos que el mismo debe mantenerse ajeno del fuero ordinario, y que se mantenga en manos de un organismo especializado en las contrataciones con el Estado (OSCE)».
Igualmente, «el incluir a los árbitros como funcionarios públicos, con las modificaciones de los artículos del Código Penal, es vulnerar el espíritu del arbitraje, afectando su autonomía y su verdadero espíritu».
«Reiteramos de una forma preocupante que, lo que se pretende con las mencionadas modificatorias es condenar a la muerte el Arbitraje, siendo el único medio de solución de controversias que ha ayudado a que los contratos se destraben y la ejecución de obras públicas se reinicie prontamente», añade el comunicado.
Por estas razones, la Camco exhorta al Congreso de la República, un mayor debate y análisis de alguna modificatoria que involucra a los artículos de la Ley de Arbitraje, del Código Penal y la Ley de Contrataciones del Estado, ya que, sin un real estudio, análisis y discusión sobre la materia, afectaría la esencia de este mecanismo alternativo de solución de conflictos, desconociendo sus reales beneficios, y condenando a la muerte del mismo.
«Exhortamos a la Representación Nacional y a cada uno de sus integrantes a un mayor debate de los referidos proyectos de ley, involucrando a expertos en la materia, quienes son los que finalmente hacen del arbitraje un adecuado medio de solución de conflictos y el fuero con mayor prestigio a nivel internacional», concluye el documento.
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