La Contraloría General de República, en un informe de control elaborado entre el 8 y 14 de febrero de este año, dio a conocer que 31 funcionarios de la Municipalidad Provincial de Piura fueron designados sin cumplir con los requisitos mínimos para ejercer cargos gerenciales, de asesoría y de jefaturas, esto de acuerdo a Ley 31419.
Las contrataciones por puestos de confianza son avaladas por la Ley 31419, que establece “disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción”. Sin embargo, esta ley también especifica requisitos mínimos para trabajar en entidades públicas, por lo que se estaría incurriendo en un hecho ilegal.
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Algunos de los funcionarios observados son: Luis Miguel Mendoza (gerente general), Jorge Eduardo Monroy Palacios (asesor del despacho municipal), Jorge Luis Calderón Cienfuegos (gerente Territorial y de Transportes), Jimmy Joaquín Cerro Sánchez (gerente de Medio Ambiente, Población y Salud), Manuel Arturo Figueroa Rossell (Gerente de Seguridad Ciudadana y Control Municipal).
Las observaciones son en su mayoría por no acreditar los años de experiencia, capacitaciones, estudios de especialización que se requieren en los puestos gerenciales, de asesoría y jefaturas.
Al respecto, el alcalde de Piura, Gabriel Madrid, manifestó que todas las observaciones fueron subsanadas y aseguró que los funcionarios observados por Contraloría sí cuentan con la experiencia y capacidades de gestión que se requiere para dichos puestos. Según Madrid, la respuesta del municipio al informe de Contraloría fue el 22 de febrero.
