El ministro Miguel Espichán reveló que al menos 270.000 hectáreas del territorio nacional han sido dañadas por la minería ilegal, una actividad que no solo destruye ecosistemas sino que, según advirtió, alimenta redes criminales que operan en zonas de frontera.
Entre las áreas más afectadas figura la Reserva Nacional Tambopata, en la región de Madre de Dios, un espacio protegido gravemente amenazado por invasiones de mineros ilegales y bandas del crimen organizado.
Espichán destacó que, pese a los operativos de interdicción que se han realizado —con participación del Estado, la policía, la marina y las fuerzas del orden—, la minería ilegal sigue expandiéndose, lo que evidencia la magnitud del desafío.
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Ampliación del registro y formalización: ¿solución o complicación?
En ese contexto, el ministro sostuvo que la reciente decisión del Congreso de extender el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2026 podría permitir que los más de 31.500 mineros en proceso de formalización culminen sus trámites.
No obstante —advirtió Espichán— esa extensión no debe ser usada como pretexto para legalizar la ilegalidad. Según el Ministerio, la lucha contra la minería ilegal requiere un enfoque integral que combine interdicción, vigilancia ambiental y apoyo a alternativas productivas sostenibles.
Doble vía: vigilancia reforzada y promoción de economías sostenibles
El Minam anunció acciones concretas para reforzar la vigilancia en zonas vulnerables: por ejemplo, en el puesto de control de vigilancia “Yarana”, en la cuenca del río Nanay —zona de protección de la Reserva Nacional Allpahuayo‑Mishana— se ha entregado equipamiento como cámaras, GPS y otros implementos para facilitar los operativos nocturnos de control de combustible destinado a la minería ilegal.
Paralelamente, el Ministro propone como alternativa sostenible incentivar el aprovechamiento de productos del bosque —como la castaña, la shiringa o el camu camu— y facilitar el financiamiento de proyectos ecológicos, con el fin de ofrecer a las comunidades opciones de vida legal que compitan con la minería ilegal.
Un llamado urgente a combatir un problema que afecta al país
La alerta del ministro Miguel Espichán pone de relieve la gravedad de la minería ilegal en el Perú: no se trata solo de destrucción ambiental, sino de un fenómeno con impacto social, criminal y económico. La señal es clara: si no se combinan controles efectivos, acciones de fiscalización y alternativas productivas legítimas, el daño podría profundizarse en regiones vulnerables.
Este panorama plantea un reto para las autoridades nacionales, regionales y locales, así como para la sociedad civil: encontrar un equilibrio que permita proteger la biodiversidad, garantizar la seguridad ambiental y ofrecer un futuro digno y sostenible a las comunidades afectadas.
