La Contraloría General de la República reveló graves irregularidades financieras en la planificación de las obras del principal escenario deportivo regional. Así, el órgano de control determinó un perjuicio económico total que supera los S/ 1.2 millones en la documentación técnica del proyecto. Estas deficiencias administrativas impidieron que los trabajos de remodelación avancen de manera óptima y legal dentro de los plazos establecidos. En consecuencia, las anomalías detectadas truncaron la ansiada reapertura del recinto para el beneficio de los deportistas locales.
Por lo tanto, los auditores de la institución fiscalizadora emitieron un informe detallado que abarca las evaluaciones realizadas entre los años 2023 y 2025. Con este propósito, los especialistas revisaron los desembolsos efectuados para el estudio de preinversión y el diseño final de la infraestructura. Ante la alarmante situación del estadio Miguel Grau de Piura, la entidad detectó que se aprobó un expediente técnico completamente incompleto. De igual manera, los encargados del proyecto omitieron la aplicación de penalidades contractuales a los consultores responsables de las faltas.
Fallas técnicas en los estudios y paralización de los trabajos físicos
En primer lugar, el informe de cumplimiento n.° 015-2026-2-5349-AC detalló que la unidad formuladora registró erróneamente la obra como una inversión menor de tipo IOARR. De este modo, los evaluadores evadieron la norma del sistema nacional de inversiones al intervenir un coloso que llevaba inoperativo mucho tiempo. Asimismo, el expediente aprobado de forma virtual carecía de estudios básicos correctos de topografía y de mecánica de suelos adecuados para el terreno. Debido a esto, la incongruencia técnica provocó la paralización definitiva de las faenas y la posterior resolución del contrato constructivo.
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Por otra parte, las pesquisas fiscales determinaron que el Gobierno Regional de Piura desembolsó dinero público por documentos que presentaban serios incumplimientos normativos. En primer lugar, la aprobación del estudio inicial significó un gasto injustificado de S/ 476 350 para las arcas del Estado. En segundo lugar, los pagos otorgados bajo conformidad por el cuestionado expediente técnico sumaron un daño patrimonial adicional de S/ 728 469. Respecto a este punto, ninguna de las fases previas contó con el aval del Instituto Peruano del Deporte.
Finalmente, la alta dirección de la Contraloría derivó las actas correspondientes a las instancias judiciales para sancionar penal y civilmente a los presuntos responsables. Por consiguiente, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciará las acciones legales contra dos exdirectores por faltas graves en sus funciones. Adicionalmente, otros siete exfuncionarios regionales fueron incluidos en las investigaciones debido a sus presuntas responsabilidades de carácter civil y administrativo. Por tal motivo, el histórico recinto deportivo de la urbanización Miraflores continuará cerrado tras permanecer inutilizado por una década.
