El Poder Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de ley que pretende penalizar la filtración de información sobre investigaciones fiscales. El documento fue ingresado el día de ayer seis de julio a las 9:25 de la mañana.
El presidente Pedro Castillo y el premier Aníbal Torres tuvieron encarpetado el proyecto durante doce días, luego de la aprobación del Consejo de Ministros, el pasado 24 junio.
El proyecto será derivado a la Comisión de Constitución, que preside Patricia Juárez de Fuerza Popular. Esta delegación podría aprobar el dictamen para enviar la propuesta al Pleno o podría archivarlo.
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Esta norma tiene como objetivo «salvaguardar la información reservada a la que se tiene acceso por el cargo o función que desempeñan los operadores de justicia; así como las partes procesales en general».
Asimismo, «busca garantizar que los actos de investigación alcancen sus fines, sancionar el delito, restaurar la lesión ocasionada por este y asegurar la paz social», precisa.
El proyecto que busca incorporar el artículo número 409 C del Código Penal y cambiar el 324 del código Procesal Penal ha sido muy cuestionada. Esta busca sancionar por uno o dos años de prisión de la libertad a abogados o imputados que revelen información reservada.
La pena podría ser mayor, de dos a tres años, si fuese difundida por un juez, fiscal, asistente administrativo o un miembro de la PNP. Por otra parte, la pena sería de hasta cuatro años si la información fue difundida a través de los medios de comunicación.
Cuestionamientos a la ley:
El presidente del Instituto Prensa y Sociedad, Augusto Álvarez Rodrich, consideró que el Gobierno comete un grave error. Para él, es incorrecto creer que el ocultamiento y la reserva de los procesos ayuda a que estos vayan bien.
«Creemos también en IPYS que esto no puede analizarse fuera del contexto en el que ocurre, en el cual hay investigaciones de corrupción al presidente de la República y nos produce la sospecha. Creemos de que este proyecto apunta a impedir que se conozca el proceso por el cual se investiga al presidente, a sus familiares y a sus amigos», dijo.
Mientras que, para Rodrigo Salazar Zimmermann, la preocupación principal radica en que, de aprobarse el proyecto «Ley mordaza», el parlamento nacional estaría «blindando» al Ejecutivo en presuntos casos de corrupción.
Recordó también que, anteriormente, Fuerza Popular intentó impulsar una iniciativa legislativa en el Congreso disuelto; y que, en enero, una comisión del Ministerio de Justicia trabajó un proyecto de ley muy parecido.
Por otro lado, se teme sobre el riesgo a la libertad de información, según el abogado Alberto Cruces, adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría. El letrado lamentó la decisión del Gobierno de presentar el proyecto que sanciona la difusión de información reservada en una investigación penal. Además, consideró que esto es un riesgo para la libertad de información.
«Estamos analizando la iniciativa porque son una serie de disposiciones que, además, tienen que ser concordadas con otras leyes; pero reiteramos que hay un riesgo sobre la libertad de información y el ejercicio, sobre todo, de la profesión del periodismo quienes podrían no acceder a las fuentes que se requieren para temas de interés público», señaló.
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