El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada de Castilla consiguió una ejemplar sanción en la lucha contra la violencia familiar. El Poder Judicial dictó 14 años de pena privativa de la libertad efectiva contra el ciudadano identificado con las iniciales V.M.L.R. Los magistrados hallaron al imputado culpable del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una menor de edad.
Durante el desarrollo del juicio oral, la fiscal adjunta provincial Priscila Llontop Olaya lideró la sustentación de la acusación penal. La representante del Ministerio Público presentó un paquete de elementos probatorios contundentes y pericias psicológicas que destruyeron la presunción de inocencia del agresor. Las investigaciones determinaron que el sentenciado aprovechaba su vínculo de familiaridad para cometer los abusos en el entorno doméstico.
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Abuso de confianza familiar, reparación civil y tratamiento obligatorio
Los hechos ocurrieron en el interior de un inmueble compartido en el distrito de Castilla, donde el sujeto convivía con las víctimas. El agresor era el medio hermano de la madre de la niña, lo que le facilitaba un acceso directo a la vivienda. La progenitora, por razones netamente laborales, le confiaba el cuidado diario de su hija de 10 años e incluso le solicitaba que la recogiera de su centro educativo.
El atacante aprovechó de forma sistemática este escenario de extrema vulnerabilidad y cercanía afectiva para realizar los tocamientos de índole sexual. La Fiscalía de la Nación acreditó de manera fehaciente al menos dos episodios graves de violencia cometidos en la clandestinidad del hogar. El juzgado correspondiente dio lectura íntegra a la sentencia condenatoria en una audiencia virtual de carácter reservado.
Además de la drástica pena de cárcel efectiva, el colegiado judicial impuso al sentenciado el pago de 10 000 soles por concepto de reparación civil. Los magistrados ordenaron de forma obligatoria que el agresor se someta a un tratamiento terapéutico especializado en el centro penitenciario. Los operadores de justicia señalaron que las líneas de atención rápida permanecen activas para denunciar cualquier atentado contra los derechos de los niños de la provincia.
