En Carabayllo, el Ministerio Público dispuso la reapertura de la investigación por el homicidio de Santiago Guardamino Gonzáles, dirigente de la comunidad campesina de Quipán.
El fiscal provincial titular, Jesús Dávila, revocó el archivamiento previo que emitió el fiscal Renato Lavy Cora, quien cerró el caso alegando falta de pruebas sin realizar el peritaje a los cuatro teléfonos de la víctima.Estos dispositivos contienen información sobre las amenazas de muerte que Guardamino denunció antes de su ejecución a manos de sicarios el pasado 1 de abril de 2024.
La resolución judicial del 28 de abril establece como obligatoria la ejecución de una pericia informática forense. Este procedimiento busca recuperar registros de llamadas, mensajes y datos de geolocalización que permitan identificar a los autores intelectuales y materiales del crimen.
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La víctima lideraba una batalla legal contra la empresa Industrias Argüelles y Servicios Generales por la apropiación de 10.000 hectáreas de terreno comunal. Área donde la compañía instaló un relleno sanitario tras una compra valorada en S/600.000, pese a que su precio real asciende a S/5.000.000.
El conflicto legal registra antecedentes de corrupción. Guardamino obtuvo una condena contra el expresidente de la comunidad, Abel Mosquera Ortíz, y la gerente de la empresa, Karen Pasco Flores, por falsificación de documentos. Asimismo, el propietario de la firma, Aniceto Argüelles Loayza, aceptó previamente una condena por intentar sobornar a la jueza del caso.
Los representantes legales de Industrias Argüelles niegan cualquier vinculación con el asesinato del comunero y rechazan los señalamientos contra Aniceto Argüelles. Sin embargo, la fiscalía considera indispensable profundizar en el análisis de las comunicaciones de la víctima para determinar la conexión entre el litigio de tierras y el atentado. El caso retorna a la etapa de diligencias preliminares para garantizar el acceso a la justicia de los familiares del dirigente asesinado.
