La oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura resaltó que las autoridades deben garantizar un retorno a clases seguro, flexible, gradual y voluntario.
Para ello, dijo que se deben identificar, evaluar y hacer seguimiento a las tres condiciones necesarias para que las escuelas inicien su labor tales como: condiciones de contexto referidas a datos epidemiológicos; asimismo, condiciones de bioseguridad como agua, mascarillas, desinfectante de manos, aulas con aforo permitido, adecuadamente ventiladas, entre otros, y finalmente condiciones sociales que se entiende como la conformidad de la comunidad educativa para el inicio de las clases presenciales y semipresenciales.
Según las cifras reportadas por el Sistema de Seguimiento y Alerta para el Retorno Seguro (Sares), en Piura, de las 6895 instituciones entre públicas y privadas, cumplen con la primera condición 5606 instituciones educativas, es decir 8 de cada 10 escuelas estarían habilitadas.
Sin embargo, solo 4 escuelas (0.1%), cumplirían con las tres condiciones para ser consideradas aptas para el retorno a clases. Ante esta situación, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura señaló que es urgente que el director regional de educación priorice la verificación de la información reportada en el Sares, luego de lo cual, deberá impulsar estrategias coordinadas con las unidades de gestión educativa local (UGEL), las escuelas, madres y padres de familia y otras instituciones, con miras a que un mayor número de colegios sean consideradas aptos para el retorno a clases presenciales y semipresenciales.
La Defensoría del Pueblo precisó que continuará con las acciones de supervisión a la Dirección Regional de Educación, Dirección Regional de Salud, 12 UGEL, municipalidades provinciales y distritales, así como a las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento.
