La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos presentó hoy una denuncia penal en contra del jefe zonal de Piura de la dirección general de Migraciones, por presunto abuso de autoridad en perjuicio de 32 personas extranjeros expulsadas del país.
Según se informó en conferencia de prensa, el operativo se ejecutó supuestamente sin respetarse el debido proceso y vulnerando sus derechos humanos.
Los denunciantes esperan que se realicen las diligencias del caso entre los operadores que formaron parte de este operativo, entre ellos efectivos policiales, personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Piura, y se llegue al esclarecimiento de los hechos.
Señalan que el 27 de abril, la Policía Nacional del Perú, Migraciones y la Fiscalía ejecutaron un «operativo express» para expulsar a 32 personas a través del puesto de control fronterizo El Alamor en Tumbes.
Entre las personas expulsadas del país por la frontera con Ecuador, señalan que se encontraban 29 mujeres venezolanas en situación de doble vulnerabilidad, al ser madres de familia y encontrarse en situación irregular migratoria, informó Amnistía Internacional a través de su página oficial.
«Si bien el artículo 54° del Decreto Legislativo No. 1350, señala que las sanciones administrativas que se pueden imponer por infracción a la Ley de Migraciones son multa, salida obligatoria y expulsión, estas sanciones son aplicables luego de un procedimiento sancionador, que de acuerdo a Ley, debe respetar las garantías del debido proceso», añade.
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“Se ha expulsado a personas extranjeras, vulnerando sus derechos. Según las autoridades estaban realizando acciones ilícitas por lo que fueron retenidas y expulsadas, sin cumplir con el debido proceso ni los plazos. Por este motivo, hoy hemos presentado esta denuncia penal por abuso de autoridad. Seguramente, a medida que avancen las investigaciones se van a identificar a otros sujetos dentro de la policía y serenazgo que también ejercieron abuso de autoridad. Todo funcionario debe recordar que no es rey y que tiene parámetros”, señaló Jennie Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
“A este grupo de personas se les ha expulsado bajo la falsa premisa de que ser un migrante irregular es un delito. Además, en el caso de las mujeres, no se verificó si enfrentaban posibles situaciones de vulnerabilidad, como ser víctimas de trata o si eran solicitantes de refugio. Tampoco se verificó si tenían menores de edad a su cargo para garantizar la protección internacional y el principio superior del niño”, sostuvo Rosario Grados, representante de Amnistía Internacional Perú.
Cabe señalar que las organizaciones que integran el Grupo de Movilidad Humana en Perú y que apoyan esta denuncia, son, entre otras, Amnistía Internacional, Fedepaz y Encuentros SJM.
Tras la conferencia de prensa que ofrecieron los representantes de estas organizaciones, los periodistas intentaron conocer la versión del titular de Migraciones pero no hubo respuesta positiva.
