Una serie de adjudicaciones millonarias pone bajo la lupa la transparencia en la actual gestión de Luis Neyra. Las investigaciones revelan que el empresario sullanero Carlos Wilfredo Cunya Cánova, a través de su constructora Bidolino EIRL, logró concentrar contratos por casi 700 millones de soles. Lo que inició en 2023 como pequeñas órdenes de servicio para limpieza de drenes por 40 mil soles, se transformó rápidamente en un dominio absoluto de la obra pública regional. Este ascenso meteórico genera sospechas sobre un presunto esquema de favoritismo en el Gobierno Regional de Piura.
El millonario contrato del Estadio Miguel Grau
El punto más crítico de esta controversia es la reciente adjudicación del saldo de obra del Estadio Miguel Grau de Piura. Mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 232-2026, la gestión de Luis Neyra aprobó la entrega directa de S/ 223,414,673 a favor del consorcio integrado por Bidolino. El GORE Piura utilizó el mecanismo de «Fast Track» para otorgar este proyecto sin un concurso público competitivo. Esta modalidad permite que la empresa diseñe y construya de forma simultánea, desechando un expediente técnico anterior que le costó a la región más de 1.2 millones de soles.
La ruta de los 16 contratos ganados
La cronología de los beneficios muestra un patrón de crecimiento exponencial muy marcado. Durante el año 2023, la empresa ganó nueve adjudicaciones que sumaron 76 millones de soles, combinando obras grandes con servicios menores. Sin embargo, para el año 2024, la cifra escaló a 161 millones con solo cinco contratos, destacando el proyecto deportivo de Piura y Castilla por 84 millones. La tendencia continuó en 2025, donde en una sola semana de noviembre, el empresario aseguró dos obras por un valor conjunto de 137 millones de soles en Sullana y Tambogrande.
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Falta de competencia y alertas de Contraloría
La concentración de la inversión pública en un solo nombre elude la libre competencia que exige la ley. La Contraloría General de la República ya emitió alertas previas sobre las deficiencias en los procesos de selección de la región. El hecho de que una empresa sin antecedentes en infraestructuras de escala internacional maneje hoy el principal coloso deportivo del norte genera dudas sobre la capacidad técnica real del contratista. Mientras la gestión de Luis Neyra defiende estos procesos, los ciudadanos perciben una «lluvia de millones» dirigida hacia un círculo empresarial privilegiado.
El futuro de las obras más importantes de Piura descansa ahora sobre estos cuestionados contratos. Las autoridades de control tienen el deber de investigar si esta relación contractual responde a la meritocracia o a beneficios políticos direccionados. Mientras tanto, la población espera que los 700 millones de soles se traduzcan en infraestructuras de calidad y no en proyectos paralizados o con sobrecostos. La transparencia en el manejo de los recursos públicos sigue siendo la mayor deuda de la administración regional actual.
