Buscarán nuevos compradores para los agricultores de arroz de la región debido a la grave crisis provocada por los precios bajos. El Gobierno Regional de Piura y el Ministerio de Desarrollo Agrario instalaron un grupo de trabajo para dar soluciones rápidas a miles de familias trabajadoras. De esta manera, las autoridades intentan frenar las pérdidas económicas que afectan directamente a los pequeños negocios del campo. Por este motivo, los representantes del sector público iniciaron las reuniones de emergencia con los dirigentes de los valles locales.
Al inicio de los reportes, los dirigentes explicaron que sembrar y cosechar este alimento ahora cuesta mucho más dinero que antes. Los compradores mayoristas pagan muy poco dinero por los sacos de arroz directamente en las parcelas de producción. Asimismo, el Estado prometió que los hospitales, los cuarteles militares y los programas de ayuda social comprarán toda la cosecha sobrante. De acuerdo con los reportes, esta modalidad de apoyo solidario está respaldada por las leyes vigentes para proteger el empleo en las zonas rurales.
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Ventas en ferias populares y comedores públicos
Por otra parte, los especialistas de la entidad Agromercado organizarán ferias comerciales en diferentes provincias para ofrecer el producto sin intermediarios. De entrada, las autoridades ya coordinan la entrega directa de cargamentos de arroz a los comedores populares y a las ollas comunes. Acto seguido, los técnicos capacitarán a los agricultores para que formen asociaciones fuertes y puedan negociar mejores contratos de venta. Sobre este punto, el plan busca que las ganancias se queden en manos de las familias que trabajan la tierra.
Además, los agricultores aprovecharon la cita para denunciar el exagerado aumento de precio en los fertilizantes y los combustibles para las maquinarias. Por último, los usuarios señalaron que tienen graves problemas para conseguir el agua necesaria para el riego de sus cultivos. Bajo este panorama, las mesas de diálogo continuarán durante las próximas semanas para vigilar que las promesas de ayuda económica se cumplan de verdad.
