Un operativo conjunto de las principales instituciones de salud y de la fiscalía permitió frenar un grave atentado contra la salud pública en la región. Las autoridades ejecutaron una inspección inopinada en diversos establecimientos comerciales tras recibir constantes alertas de los usuarios. De esta manera, los fiscalizadores procedieron a registrar minuciosamente los inventarios de varios locales. Por este motivo, la intervención de estas boticas en el distrito de Castilla busca detener la venta ilegal de fármacos adulterados.
Al inicio de las inspecciones, las diligencias técnicas se concentraron en las instalaciones de los locales denominados Abi, Amistad y Solidaria. El personal especializado de la Dirección de Regulación Sanitaria lideró el control de los registros de procedencia de cada producto. Asimismo, el contingente estuvo respaldado por agentes de la Policía Fiscal y personal de fiscalización de la comuna castellana. De acuerdo con el reporte, la mayoría de estos negocios vulneraba las normas sanitarias vigentes.
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Por otra parte, las autoridades sanitarias lograron decomisar un total de 881 productos farmacéuticos y diversos dispositivos médicos de dudosa procedencia. De entrada, los inspectores encontraron que una gran cantidad de pastillas y ampollas se encontraban vencidas y con los empaques adulterados. Acto seguido, el material incautado incluía analgésicos altamente consumidos por la población como Apronax y Dolo Neurobión. Sobre este punto, el consumo de estas sustancias químicas caducadas representa un peligro inminente para la comunidad.
Además, los representantes del Ministerio Público iniciaron los procedimientos legales para sancionar drásticamente a los propietarios de los negocios. Por último, la Dirección Regional de Salud exhortó a los ciudadanos a comprar medicamentos únicamente en locales formales y debidamente autorizados. Bajo este panorama, las autoridades locales continuarán ejecutando estas acciones preventivas de manera continua en todo el sector. Al cierre, los establecimientos sancionados afrontarán denuncias penales por delitos contra la salud pública.
