La Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Tambogrande, en coordinación con el área de Medio Libre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), ejecutó un operativo de fiscalización para verificar el cumplimiento de las jornadas de prestación de servicio a la comunidad por parte de ciudadanos sentenciados a penas limitativas de derechos.
Porque la conversión de la pena no elimina la condena y el trabajo comunitario es de obligatorio cumplimiento, durante la inspección a cargo del fiscal adjunto provincial René Humberto Tume Arámbulo, las autoridades se constituyeron a las instituciones beneficiarias donde se deben ejecutar estas tareas: la Comisaría PNP de Tambogrande y la I.E. Coronel Andrés Rázuri N° 15018.
En el lugar, solicitaron planillas de control de asistencia correspondientes al mes de octubre; sin embargo, se constató que ninguna de las unidades beneficiarias contaba con documentación física que acreditase que los sentenciados se encuentran realizando sus labores comunitarias.
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Ante esta grave omisión, la Fiscalía advirtió que evaluará las acciones legales pertinentes contra los responsables del control y requerirá al Juzgado de Investigación Preparatoria la revocatoria de la pena convertida para los sentenciados, lo que implicaría el cumplimiento de la condena en un establecimiento penal.
Las autoridades precisaron que este tipo de supervisión inopinada continuará ejecutándose de manera permanente en toda la jurisdicción, con el fin de asegurar el cumplimiento efectivo de las sanciones judiciales y preservar su función resocializadora.
