Personal de la Fiscalía, Policía y Contraloría allanó el cuartel y diversas oficinas del Ejército Peruano en Piura para incautar documentos en relación a la investigación sobre las posibles irregularidades en la contratación del servicio de alquiler de vehículos de transporte terrestre, el cual fue usado para trasladar al personal militar que dio seguridad en las elecciones regionales y municipales en octubre del 2022.
De acuerdo al expediente Nº05811-2023-18-1601-JR-PE-09, el juez Jenner Vásquez Martínez ordenó el allanamiento con descerraje, registro e incautación de bienes, visualización y extracción de información de equipos de cómputo y otros soportes digitales en las instalaciones del Ejército Peruano en La Libertad y Piura, por el presunto delito de colusión agravada.
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En el caso de Piura se intervino las oficinas de G3-Operaciones y administración de la Comandancia General de la I División del Ejército, ubicado en la avenida Bolognesi de Piura.
También las autoridades llegaron hasta el cuartel El Fuerte Militar Matacaballo en Sechura, donde funciona la Compañía de Ingeniería Anfibia Nº 111 y la Compañía Especial de Comando Nº 111.
Se desarrolló el procedimiento de contratación directa Nº003-2022 EP/UO0810 con la finalidad de contratar el servicio de 193 vehículos para transportar a 2286 militares. El 28 de setiembre del 2022, la Sétima Brigada de Infantería suscribió el contrato con la empresa “Corporación Cage EIRL”.
Esta empresa también firmó contrato con la 32º Brigada de Infantería de Trujillo el 26 de setiembre del 2022 por un monto de S/2′163,200 por el mismo servicio.
