El presidente del Congreso, José Williams, y los parlamentarios que componen la Mesa Directiva decidieron pagar S/745.420 a la excongresista del APRA Tula Benites. Esta cantidad equivaldría a todos los sueldos que la exparlamentaria dejó de recibir desde 2008, cuando la suspendieron porque la acusaron de contratar a un auxiliar inexistente en su despacho, llamado Juan Carlos Cuadros Noriega.
Tras aprobarse, se aplicó el artículo 25 del Reglamento del Congreso, que indica que los sueldos de un congresista suspendido se deben depositar en una cuenta especial. Solo se entregará el monto acumulado si la Corte Suprema absuelve a la congresista de los cargos presentados en su contra.
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Padro Sánchez, fiscal supremo, anunció que plantearía un recurso de nulidad para que quede sin efecto esta sentencia y así Tula Benites pueda ser investigada nuevamente y sometida a un juicio oral. Pero tal intención no se concretó.
Por esta decisión, Tula Benites demandó al Parlamento ante el Vigésimo Tercer Juzgado Civil de Lima y exigió una indemnización de 2,5 millones de soles porque le causaron daños al suspenderla.
La aprista también recurrió al Tribunal Constitucional porque su demanda de cumplimiento, con la que solicitaba el pago de S/629.200, fue rechazada. Así ocurrió en primera y segunda instancia en el Tercer Juzgado Constitucional y la Segunda Sala Civil de Lima. Pero los tribunos decidieron que su recurso legal no procedía porque la excongresista ya había acudido al Vigésimo Tercer Juzgado de Lima.
Sin embargo, seis años después de ello, este juzgado no emitió sentencia, por lo que en 2021 Tula Benites retrocedió con su demanda y el expediente se archivaría definitivamente en agosto de 2022.
Con este monto definido, la Mesa Directiva del actual Congreso, presidida por José Williams Zapata, decidió el pasado 16 de febrero de 2023 que la Dirección General de Administración realice “las acciones administrativas que correspondan a fin de ejecutar el pago de las remuneraciones devengadas a favor” de Benites.