A cinco meses de la denuncia difundida sobre el pago en tiempo récord que realizó la Universidad Nacional de Piura por el servicio fantasma del “Mantenimiento, habilitación y digitalización de la información en los sistemas informáticos del archivo central de la UNP”, por un valor de cerca de 400 mil soles, la Contraloría corroboró y confirmó la denuncia.
Se determinó que esta casa de estudios en el año 2021 autorizó el gasto prescindiendo del procedimiento de selección y efectuó el pago sin el sustento requerido por la normativa y sin acreditar la prestación efectiva del servicio, ocasionando un perjuicio económico de S/ 396.500.
Los auditores detectaron que mediante resolución rectoral 154-R-2021 del 4 de noviembre del 2021, se aprobó y autorizó el pago a 61 proveedores del servicio; sin embargo, se realizaron pagos a personas no incluidas en dicha resolución.
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Además, se detectó que el mencionado servicio no se encontraba incluido en el Plan Anual de Contrataciones de la UNP del año 2021.
Se detectó que el servicio no tiene expediente de contratación y se canceló sin informe de actividades y sin comprobante de pago emitido por los prestadores del servicio.
La Contraloría recomendó a la autoridad universitaria realizar el procesamiento de los funcionarios y servidores públicos de la Universidad Nacional de Piura comprendidos en esta irregularidad.
Solicitaron a Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales contra los funcionarios y servidores por este servicio fantasma.
Entre los funcionarios con presunta responsabilidad penal se encuentran Luis Alberto Calle Estrada, Cinthya Del Socorro Alzamora Rivas, Natalia Irene Huiman Seminario, Anita Consuelo Zapata Guaylupo, Karina Galecio Angeldonis, Jorge Eduardo Garcés Agurto, Betsy Emily Zamora Vignolo y el exrector de la UNP, Omar Vences Martínez.
