Para las comunidades altoandinas, el Proyecto minero Río Blanco, no va; para el ámbito legal, Proyecto Río Blanco, nulidad. Esta es la voz unánime que ponen de manifiesto los ronderos en cada Marcha pacífica realizada en las calles y la Plaza Mayor de la Paz, de Ayabaca, por las rondas campesinas provenientes de los diferentes sectores, caseríos y distritos de las provincias de Huancabamba, Ayabaca e incluso de Tambogrande y Las Lomas.
La abogada del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, Raquel Irigoyen Fajardo, que asesora a la Central Única Nacional de Rondas campesinas, enfatizó que, a las marchas y protestas se ha sumado el camino jurídico, iniciado desde el año pasado con la solicitud de nulidad de las 35 concesiones mineras otorgadas por el Ministerio de Energía y Minas y que al no tener respuesta, ahora se presenta como una demanda al Poder Judicial.
Irigoyen precisó que el problema radica que esta lucha social, en defensa de la vida, el agua, el ecosistema y sus páramos andinos, se debe a que el mega proyecto minero Río Blanco plantea realizar su actividad minera a tajo abierto impactando seriamente en las fuentes de agua, bosques de neblina, páramos, afectando a comunidades como Yanta, Segunda y Cajas u otras de las provincias de Huancabamba y Ayabaca, hasta San Ignacio.
A esto también agregó, la Presidente de las Rondas Campesinas, Noralda Jiménez Ríos, que se agrava la situación con que las comunidades afectadas como Segunda y Cajas, Yanta y provincias de Huancabamba y Ayabaca, son descendientes de pueblos indígenas, originarios, por lo que el estado debió haber hecho la consulta previa.
Desde el año pasado presentaron la solicitud o petición de nulidad a las 35 concesiones mineras otorgadas por el ministerio de energía y minas, y al no tener respuesta presentarán la demanda judicial por la nulidad de las concesiones mineras